Según informa un comunicado oficial para la prensa, el pasado 30 de mayo se hizo firme la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Barcelona que confirma que los responsables del grupo de tiendas de tecnología y componentes electrónicos Chipspain han infringido los derechos de propiedad intelectual de Nintendo mediante la importación, distribución, venta, publicidad y posesión con fines comerciales de cartuchos, flashcart o tarjetas R4 y dispositivos similares. Pese a que su uso permita utilizar programas de fabricación casera en una consola, estos cartuchos son demandados por muchos usuarios principalmente para saltarse las medidas de seguridad implantadas por Nintendo en las Nintendo DS para jugar a copias de juegos comerciales de Nintendo DS. Las bases de la sentencia, primera en el ámbito civil sobre este tipo de hechos, tienen validez sobre dispositivos similares que puedan ser usados con los mismos fines en otras consolas de Nintendo.
Nintendo contra las tarjetas
La tienda Chipspain, que opera varios sitios web y tiendas físicas en diferentes puntos de España, está de acuerdo en que si ofrecen para la venta tarjetas R4 han obrado ilegalmente. Según declara su responsable, José Gracia Fuster, "el uso de estos dispositivos es saltarse las medidas de seguridad desarrolladas por Nintendo para que nuestros clientes puedan jugar con copias pirata de videojuegos en la consolas Nintendo DS. Por tanto, Chipspain reconoce que la importación y la venta de cartuchos R4 es ilegal bajo la legislación española cuando son utilizados con el principal fin de utilizar copias piratas. La venta de estos dispositivos y el suministro de copias pirata de videojuegos causan un daño y un perjuicio, no solamente a multinacionales como Nintendo, sino también a muchos otros actores en la industria del videojuego".
En este sentido, Rafael Martínez Moya-Angeler, subdirector general de Nintendo Ibérica, asegura que "la comercialización de dispositivos que vulneran las medidas de protección de videoconsolas y videojuegos ha llevado a la proliferación de las descargas ilegales de videojuegos en Internet. Esta situación ha generado un daño económico irreparable. La piratería es la mayor amenaza para la creatividad en esta industria, por eso esta sentencia supone un gran paso adelante para que la industria del videojuego no vea drásticamente mermadas sus posibilidades de seguir creando y ofreciendo nuevos contenidos a los usuarios".