El 2 de Octubre 2015 | 15:19
Comenzaré este artículo contando una anécdota. En pleno año 2015, cuando Amazon es la librería más grande del planeta, las revistas antes impresas tienen distribución digital y los servicios crecen cada día en internet, en muchos ámbitos universitarios (os hablo con conocimiento de causa) el sistema burocrático no permite pagar una factura de algo adquirido en internet. Investigadores que trabajan día a día en red, no pueden costear gastos online... Este es un ejemplo, muy gráfico y arquetípico, de que los tiempos han cambiado y las instituciones necesitan adaptarse, pero les cuesta horrores. El consumidor digital está muy desprotegido o desdibujado a nivel institucional, pero los primeros en dar un paso al frente son los británicos.
El día 1 de octubre entró en vigor en Reino Unido una reforma de la Ley del Consumidor que ahora también garantiza los derechos en la compra de productos digitales. De esta manera, al adquirir un producto digital la ley británica garantiza la posibilidad de devolución en los posteriores 30 días, equiparando estas compras a las de una tienda convencional para un bien material tangible.
Esta devolución podrá tener lugar si el producto o servicio no se ajusta a la descripción o si su calidad no es satisfactoria para el cliente, aplicándose así sobre el comercio de bienes digitales las mismas premisas que desde 1979 vienen imperando sobre el comercio general en el país europeo. Es importante remarcar que no se trata de compras de bienes tangibles en tiendas online, sino que se trata de la adquisición de productos digitales como los videojuegos en descarga.
A nivel estatal
Esta es una medida bastante novedosa a nivel estatal, que esperemos que encuentre réplica poco a poco en las legislaciones de protección a consumidores en diferentes países. Los estamentos europeos también presionan a grandes comercios de producto digital sobre los sistemas de protección a clientes, y hace no mucho Steam incluía su propio, particular y restrictivo sistema de devoluciones.
La ley británica ha hablado, pero ahora la gran pregunta es: ¿cómo se adaptarán los comercios a la normativa?