El 25 de Noviembre 2017 | 12:44
Las cajas de botín siguen siendo un tema candente durante estas últimas semanas y los organismos encargados de regular los juegos de azar en cada país están comenzando a pronunciarse sobre esta cuestión. Ahora ha sido la Comisión del Juego de Reino Unido quien, a través de su director ejecutivo, ha querido establecer una diferencia entre lo que se podría considerar una apuesta real y qué no y cómo afecta esto a los videojuegos.
Beneficio económico
Tim Miller, director del UK Gambling Comission (Comisión del Juego de Reino Unido), ha firmado un post en la página oficial de la organización en la que se expresa su visión de todo este tema desde el punto de vista más técnico, es decir, de lo que las leyes estipulan qué es una apuesta real. Lo primero que deja claro Miller es que ellos no deciden qué supone una apuesta legalmente y que eso es trabajo del Parlamento. Ellos se encargan de que los juegos de azar se ejecuten conforme a la ley vigente.
A esto, suma que están al tanto del tema de las cajas de botín y que ya llevaron a cabo un texto en el que explicaban cómo veían ellos esta situación. Llegando al punto que nos concierne, esta organización indica que hay un factor clave que mostraría si se ha cruzado la barrera de los juegos de azar: la posibilidad de obtener más dinero:
"Un factor clave a la hora de decidir si se ha cruzado la línea es saber si el botín conseguido a través de 'juegos de azar' puede considerarse dinero o tener algún valor monetario. En términos prácticos, esto significa que mientras que los objetos obtenidos a través de estas cajas de botín solo se puedan usar en el juego y no puedan venderse, no hay posibilidades de que se clasifique como una apuesta. En esos casos, nuestros poderes legales no nos permiten actuar."
Esta conclusión es fácilmente discutible por la comunidad, ya que existen juegos que sí permiten comerciar con las cajas de botín, aunque no es el caso de 'Star Wars Battlefront 2', que es uno de los causantes de este revuelo. Por el momento, este organismo no cree que haya un riesgo real al que puedan hacer frente regulando su actividad.